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Comunicado del CERLALC sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en Uruguay

Comunicado del CERLALC sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en Uruguay

El CERLALC, acatando el mandato impartido por sus Países Miembros y en desarrollo de sus objetivos misionales, ha desplegado, desde su creación en 1971, innumerables acciones para alcanzar una difusión amplia y democrática del conocimiento sin desatender la lógica de retribución justa del creador del contenido.

Es por esto que nos parece necesario elevar una voz de alarma ante la reciente generación de iniciativas que buscan desestabilizar la media alcanzada en la escala de beneficio social frente al estímulo a la creación intelectual. Nos referimos específicamente a las incitiavas recientes que han tenido lugar en Uruguay.

La primera iniciativa legislativa de reforma a la estructura sustantiva del derecho de autor borraba de un plumazo el control otorgado a los autores sobre sus propias creaciones e implicaba un quebrantamiento de los compromisos asumidos por los Estados Iberoamericanos a nivel multilateral. Así mismo debilitaba el sistema de estímulo y protección de la creación intelectual -una medida ineludible para fortalcer el acervo cultural de un país- ya que atacaba la fuente primigenia de toda creación: su autor. Es un proyecto de ley que simplemente no debió ser radicado.

El reciente acuerdo alcanzado entre la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), que ha dado lugar a la adopción de una propuesta de ley de modificación al régimen de limitaciones y excepciones al derecho de autor ajustado a la regla de los tres pasos, es una muestra de la preocupación que despierta en los diferentes sectores los cambios legislativos en materia de derecho de autor en Uruguay. Si es imposible dar marcha atrás a cualquier iniciativa que atente contra los derechos de los creadores, invitamos a la honorable Asamblea General de este gran país a considerar la propuesta concertada, así como al Gobierno Nacional para que la reglamentación requerida en materia de préstamo público en formato electrónico y uso de obras huérfanas contemple también la regla de los tres pasos a la luz de los tratados internacionales.

Quisiéramos hacer énfasis aquí en que los autores no son los únicos damnificados con este tipo de iniciativas. El que se suprima la dotación de textos escolares por el uso de la fotocopia amplía la brecha de calidad educativa que ya existe en nuestra región. Mientras que los niños que asisten a colegios privados pueden gozar del contacto temprano con ese objeto extraordinario que es el libro, a quienes asisten a colegios públicos se les somete a la fragmentación de contenidos y al uso de papeles sueltos, un triste sustituto del más sofisticado invento de la humanidad. Este hecho sin duda tiende a relajar la responsabilidad fundamental del Estado por hacer todos los esfuerzos presupuestales necesarios para garantizar la dotación de libros y textos esolares a los niños que más los necesitan. ¿Cómo inculcar el amor por el libro y la lectura, que son el pilar del desarrollo congitivo de los niños, si desatendemos la obligación de entregar libros a aquellos que formamos?

Por último, quisiéramos recordar aquí que el debilitamiento del derecho de autor en la región conlleva a la consolidación de esquemas oligopólicos en los que predominan las redes de telecomunicaciones sobre los contenidos que éstas conducen, un hecho que atenta claramente contra la bibliodiversidad y la calidad de los contenidos.

Claro que el acelerado desarrollo tecnológico en los campos de la información y la comunicación ha generado condiciones extraordinarias para ampliar las posibilidades de acceso a los contenidos culturales. Pero garantizar que la producción intelectual se amplíe en cantidad y calidad pasa en primer lugar por hacer visibles los derechos de los creadores. Por ellos, y por el derecho a la igualdad de oportunidades en la educación, invitamos a los Honorables Diputados a prestar particular atención a este proyecto de Ley.

Marianne Ponsford

Directora

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