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Jornada sobre la gestión de derechos de autor

En el marco del ciclo “Talleres de industrias creativas”, que comenzó en junio de este año a cargo de la Dirección Nacional de Cultura, a través de su Departamento de Industrias Creativas (DICREA), se desarrolló la charla sobre la gestión de derechos de autor, con el objetivo de socializar prácticas e información entre actores que conforman los sectores culturales.

La iniciativa surgió como extensión de una jornada anterior realizada el 17 de junio, la cual suscitó tanto interés que se propuso organizar una nueva instancia (ver artículo relacionado aquí). Esta vez, el foco se hizo sobre la gestión de contratos, sus formas, los distintos modelos de negocios y sus cambios a través del paso del tiempo. 

Entre las iniciativas previstas, el director general de AGADU, Gustavo Vignoli, participó como expositor junto a la abogada consultora, María Balsa. Durante la jornada, analizaron los distintos modelos de gestión de derechos de autor, advirtiendo un nuevo contexto ante el advenimiento de las nuevas tecnologías.

El desafío que plantean las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías permitieron el desarrollo de diversos tipos de plataformas que hoy coexisten y se encuentran vinculadas a los distintos términos de uso de un sitio, los cuales son aceptados por los usuarios cuando crean sus cuentas. Tal es el caso de Youtube, que fue utilizado en la charla como ejemplo en varias ocasiones para ilustrar las ponencias.  

Según explicó el director general de AGADU, en la práctica sucede que el 99% de los contenidos que tiene Youtube, no fue autorizado por los titulares de derecho de autor. Lo que usualmente ocurre es que productores o autores que encuentran dificultades para comercializar su producto -ya sea por ser nuevos o porque carecen de un contrato de edición-, son los que van a buscar su licenciamiento en Youtube, que es un proveedor de servicios.  Anotó también que resulta muy difícil ejercer la titularidad de los derechos frente al uso de Youtube, ya que la responsabilidad jurídica aún se encuentra en discusión en distintos países del mundo.

Vignoli explicó que el autor tiene derecho sobre la obra y tiene que dar la licencia para que ésta sea usada. Resaltó una situación que se está dando actualmente con los proveedores de servicios de gran tamaño, quienes se comenzaron a acercar a las entidades de gestión colectiva con el fin de solicitar licencias. Como ejemplo, citó el caso de Youtube que tiene licencia con Latinautor – conglomerado integrado por AGADU y sociedades de gestión colectiva de Latinoamérica-.  

Las tendencias en Internet 

La presencia de música en Internet merece un tratamiento particular. Como ejemplo de caso, Vignoli explicó que las grandes editoriales como Warner, Sony, Universal, Emy, le brindan una licencia a Spotify –quien ofrece la transferencia de archivos de audio en Internet- por todo el catálogo del que disponen, y cobra por ello: por derecho de reproducción (Spotify necesita fijar el repertorio en una base de datos para brindar el servicio), y por la participación de todos los usos que dé Spotify (fundamentalmente streaming).  Hay algunas evidencias que indican que el mundo se encamina al streaming, sostuvo.

Sobre los contratos entre Latinautor y Youtube, Vignoli dijo que no son iguales a los que se firman en Uruguay, ya que cuando AGADU, la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (SUDEI) y la Cámara Uruguaya del Disco firman un contrato con un canal, se autoriza todo el repertorio. Cuando se licencia a Youtube, sólo se licencia el repertorio protegido y representado por las sociedades.

Los diferentes contratos y el paso del tiempo

El advenimiento de las nuevas tecnologías y el paso del tiempo han propiciado variantes en la relación de las sociedades de autores con los editores y con los productores de fonogramas.  

Los contratos y sus modalidades también han ido cambiando a través del tiempo. Según contó Vignoli a los presentes en la charla, los primeros editores de música, que fueron europeos, recibían del autor la partitura del tema musical y hacían copias para repartir las partituras con el fin de que fueran tocadas en distintos lugares y generaran derechos de autor.  En ese contrato básico de edición –que hasta hace diez años existía en Europa-, el autor le cedía un porcentaje de los derechos de comunicación pública, que no podía superar el 33% y hasta el 50% de los derechos fotomecánicos, y el editor se obligaba a que esa obra fuera grabada. 

Sobre los plazos de los contratos de edición, el director general de AGADU comentó que se han producido variantes con el paso del tiempo. Antes, eran más duraderos.  Como ejemplo, sostuvo que AGADU no autoriza contratos de más de cinco años de duración.

La charla ofició de espacio de intercambio entre los expositores y los participantes que pudieron realizar consultas de casos a modo de ejemplo.